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Pacto mundial sobre migración: una mirada desde América Latina y el Caribe

Pacto mundial sobre migración: una mirada desde América Latina y el Caribe

Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva de la CEPAL América Latina y el Caribe es una región de migración. Desde sus orígenes ha sido escenario de grandes movimientos migratorios que, motivados por diversas razones, han dejado una huella determinante en nuestros territorios y en nuestra identidad. Estos movimientos contribuyeron decisivamente a la configuración de nuestras sociedades y han influido en la conformación étnica y cultural, la modernización social y económica, la transición demográfica, los desplazamientos internos de la población y sus pautas de distribución territorial, la adopción de principios de ordenamiento jurídico y la institucionalidad democrática. Actualmente, unos treinta millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de su país de nacimiento, cifra que constituye el 4% de nuestra población total. A su vez, aquellos nacidos en el extranjero que residen en países de América Latina y el Caribe equivalen a prácticamente un cuarto de la cantidad de emigrados y tan solo a un 1,1% de la población total de la región. Por su parte, los inmigrantes que provienen de la propia América Latina y el Caribe son el 62,8%, una cifra que sigue creciendo en relación a las décadas anteriores. La migración internacional contemporánea concita actualmente muchas inquietudes y también trasunta oportunidades y retos. En el caso latinoamericano y caribeño, la realidad de la migración es compleja, diversa y heterogénea. Reconocer esos matices es parte del esfuerzo en el que estamos empeñados y que permite articular diagnósticos más precisos, en el ánimo de fundar respuestas coordinadas más pertinentes. Una de esas respuestas es la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2016 y con la que América Latina y el Caribe ha ratificado su compromiso. Este pacto mundial tiene la original aspiración de adoptar acuerdos para la gobernanza de la migración internacional, un tema totalmente presente en todos los países de la región. Los antecedentes más directos del pacto son la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contiene metas explícitas sobre migración y, en especial, para lograr la protección de las personas migrantes, y la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Hay además sustento en la Declaración del Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo de las Naciones Unidas, aprobada en octubre de 2013. Es decir, que existe una plena legitimidad para abordar las negociaciones de este pacto mundial que tiene su base principal en la urgente necesidad de garantizar los derechos de miles de personas en sus travesías, inserción y retorno migratorio, tan puestos de manifiesto en los últimos años. La CEPAL asigna a este proceso de negociaciones la más alta importancia. Es claro que las nociones de una migración segura, ordenada y regular merecen discutirse. Y si se aceptan debidamente, cabe exigir su materialización. Se trata de una oportunidad histórica de reconocer la existencia de la tríada de derechos, desarrollo y migración, como parte del devenir de las naciones, en particular de la región, que interpela a los Estados y a las modalidades de desarrollo. La migración ni es un problema ni conlleva amenazas, sino que se trata de un bien común que podría colaborar a la disminución de la desigualdad y a la reducción de las asimetrías en un mundo globalizado. Es por esto que hemos hecho el llamamiento a una incorporación plena de la migración en las agendas de desarrollo. No se trata de una mirada solamente utilitarista, sino de una mirada integral al servicio de las personas. NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores. La Vanguardia 
¿La lucha contra el trabajo esclavo en Brasil está amenazada?

¿La lucha contra el trabajo esclavo en Brasil está amenazada?

Trabajé muchas veces con hambre, sin nada que comer. Nadie aguanta trabajar todo un día sin comer. Mi almuerzo era chupar caña, el sufrimiento queda en el rostro. Trabajé en haciendas, ingenios, plantas, y el pago era casi nada”, expresó Cícero Guedes, hace unos años durante un encuentro del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). “Trabajé, trabajé y no veía cómo mejorar. La esclavitud es cuando a una persona no le respetan su dignidad y es humillada”, dijo este hombre que tiempo después fuera asesinado cerca de una planta azucarera. Este duro testimonio fue recogido por la agencia internacional IPS hace unos años y deja de manifiesto que el tema del trabajo esclavo no es novedoso y desde siempre ha sido tema de debate en Brasil, principalmente en las áreas rurales y trabajos vinculados a la ganadería, explotación de carbón, haciendas, industria textil, entre otras. Pero más allá de lo escalofriante que puede ser esto y una situación que no es exclusiva de Brasil, sino que también golpea a otros países de la región, el país sudamericano en el año 1995 reconoció de forma oficial la existencia ahí de “trabajo análogo a la esclavitud” (la esclavitud como tal fue abolida en el Siglo XIX) y estableció medidas para luchar contra él. Sin embargo, en las últimas horas surgió esta afirmación contundente: “Brasil dejó de ser una referencia en la comunidad internacional en el combate a la esclavitud”. Quien la lanzó fue la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tras la publicación reciente en el Diario Oficial de una normativa dictada por el Ministerio de Trabajo de Brasil que expresa modificaciones tanto en la definición como en la fiscalización de las condiciones de trabajo “análogas a la esclavitud” en Brasil. Los cambios también influyen en la difusión de empresas involucradas en estos hechos, además de diferenciar los casos de “condición análoga a la esclavitud” de otras prácticas como “trabajo forzoso” y jornada exhaustiva”, entre otras. A nivel político, para muchos, esta “flexibilización” responde a un beneficio concedido a la bancada ruralista de Brasil que cuenta con fuerte influencia en el gobierno. En tanto, a nivel de organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores rurales en Brasil y su situación con la tierra, es la propia Comisión Pastoral de la Tierra que en un informe publicado a comienzos de este año ya denunciaba el fuerte aumento de la violencia con respecto a los campesinos.  El propio Cícero Guedes con su brutal testimonio sobre el trabajo esclavo ha sido una de las víctimas de esta violencia.  Al mismo tiempo, esta comisión sigue pendiente de todo lo que acontece en este terreno, además de haber presentando propuestas y planes para la erradicación del trabajo esclavo. ¿Qué pasa con las exportaciones? Este jueves trascendió que el tema laboral en Brasil también puede tener repercusiones a nivel comercial y no solo para ese país, sino para el bloque regional amparado bajo la denominación de Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela –actualmente suspendida-, además de otros asociados), “No podemos aceptar la importación de productos realizados en condiciones de esclavitud”, expresó, por ejemplo, la eurodiputada Heidi Hautala, reproduce ANSA. Sin dudas el tema merece atención y preocupación, pero no por los intereses comerciales, sino por la dignidad de las personas que se está viendo afectada con este tipo de medidas. De momento, las voces contrarias a este “retroceso” en materia de controles contra el trabajo esclavo, como fue calificado por algunos, han sido varias y parece que la escalada continuará. Aleteia