En Vivo
 
 
Escuche en vivo

Iglesia

La Iglesia brasileña repudia la ‘criminalización’ y detención del padre Amaro Lopes, defensor de la Amazonía

La Iglesia brasileña repudia la ‘criminalización’ y detención del padre Amaro Lopes, defensor de la Amazonía

“La Semana Santa comenzó con gran sufrimiento para la prelatura de Xingú”. Así inicia la carta abierta firmada por el obispo de esta jurisdicción eclesiástica brasileña –la más extensa del país, en territorio amazónico–, João Muniz Alves, y de su obispo emérito, Erwin Kräutler, en la que dan a conocer que en la mañana del 27 de marzo fueron sorprendidos “con la noticia de la prisión de nuestro padre José Amaro Lopes de Sousa, párroco de Santa Luzia de Anapu”, quien también coordina la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en esta región del estado de Pará. Liderazgo comunitario Continuador de la obra de Dorothy Stang, la religiosa estadounidense asesinada en 2005 como consecuencia de su radical compromiso con la defensa de la Amazonía y de los derechos de los más pobres en Anapu, el padre Amaro es ampliamente reconocido, junto a las Hermanas de Nuestra Señora de Namur –la congregación a la que Dorothy pertenecía– por su liderazgo comunitario “en la lucha por el derecho a la Tierra a favor de quienes necesitan de ella y en la defensa de una convivencia armónica con la naturaleza”. La CPT, a través de una nota pública sostiene que “durante estos 13 años después de la muerte de Dorothy, [el padre Amaro y las hermanas] han sufrido varios tipos de ataques y amenazas” contra su integrigdad. En efecto, “desde 2001 el Centro de Documentación Dom Tomás Balduino, de la CPT, ha registrado amenazas de muerte contra el padre Amaro, que se han prolongado en diversas oportunidades en los años siguientes”. La saña de los terratenientes De ahí que las acciones de ‘criminalización’ contra el sacerdote, en las que se le atribuye una serie de crímenes como la de liderar una asociación que amenaza, extorsiona, asedia sexualmente y lava dinero, entre otros, para la CPT no es otra cosa que “una medida que viene a satisfacer la saña de los terratenientes de la región que pretenden, a toda costa, destruir el trabajo de la CPT, y desmoralizar a los que luchan al lado de los pequeños para garantizar sus derechos”. Claramente, la prisión del padre Amaro “se encuadra en el contexto del escenario nacional en el que los ruralistas dictan los rumbos de la política brasileña”. Ante los hechos, la prelatura de Xingú al tiempo que manifiesta su solidaridad con el padre Amaro, “incansable defensor de los derechos humanos”, también repudia “las acusaciones de que él promueve invasiones de tierras que son reconocidas por la justicia como tierras públicas, destinadas a la reforma agraria, pero que aún se concentran en las manos de personas económicamente poderosas”. Su vida corre peligro Por otra parte, tanto las religiosas que trabajan con él como la CPT, no han dejado de denunciar públicamente su preocupación ante el agravante hecho de que el padre Amaro haya sido llevado justamente a la cárcel de Altamira, donde se encuentra recluido el ordenante del asesinato de Dorothy. “Esto coloca la vida del padre Amaro en serio riesgo”. “Acompañamos aprehensivos la investigación y elucidación de los hechos e insistimos que la verdad sea apurada con justicia y total transperancia”, han manifestado enérgicamente los obispos de Xingú. La dirección de la CPT, a su vez, advierte que “¡la avanzada de la ‘criminalización’ no va a parar nuestra misión!”. Justicia, transparencia y neutralidad Muchas otras organizaciones eclesiales, como la REPAM Brasil, han expresado su solidaridad y apoyo al padre Amaro, “pidiendo que se haga justicia con transparencia y neutralidad”. “Que la verdad de los hechos sea apurada con el rigor de la justicia, y que el padre Amaro tenga el derecho de responder al proceso en libertad, como le es permitido a cualquier ciudadano en situación parecida”, clama la REPAM. Vida Nueva Digital
Organizaciones de migrantes y refugiados en Colombia piden “realizar acciones más integrales y hospitalarias”

Organizaciones de migrantes y refugiados en Colombia piden “realizar acciones más integrales y hospitalarias”

Como parte de los resultados de la conferencia “Colombia en el pacto global para personas migrantes y refugiados 2018”, realizada en Bogotá, sus organizadores presentaron una declaración conjunta donde manifiestan que “identificamos los principales avances y retos del país respecto al sistema de refugio y migraciones, con el propósito final de contribuir con recomendaciones y propuestas hacia la garantía de los derechos de las personas refugiadas y migrantes con aplicación del principio de igualdad en el contexto de construcción de paz”. Diversas organizaciones de migrantes y refugiados –varias de ellas de la Iglesia católica– e instituciones académicas, reconocieron “los avances logrados en la Declaración de Nueva York del 13 de septiembre de 2016, suscrita en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde los jefes de Estado y de Gobierno adquirieron una serie de compromisos en relación a la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas refugiadas y migrantes”. Respuesta integral a los refugiados Todo esto, por supuesto, bajo “un nuevo enfoque y un sentido más amplio en términos de solidaridad y de cooperación entre Estados, al adoptar, entre otras, un marco de respuesta integral para los refugiados”. Desde el pontificado de Francisco, el tema de migración y refugio ha suscitado acciones conjuntas, con un llamado a la construcción de la cultura del encuentro y acogida, condensado, principalmente, en su principal metáfora de “derribar muros y tender puentes”. Ante esto, las organizaciones colombianas (seglares, académicas y eclesiales) han coincidido en acoger “el mensaje del papa Francisco, el cual ha reiterado su invitación a ir más allá de la asistencia humanitaria buscando realizar acciones más integrales y hospitalarias que permitan acoger proteger, promover e integrar a la población migrante y refugiada”. Respaldo al proceso de paz Otro de los elementos fundamentales son los atinentes a la paz, el perdón y la reconciliación, por los cuales también la misma Iglesia ha apostado. En este sentido, las organizaciones han menifestado su “respaldo al proceso de paz en Colombia”, pidiendo que “esté acompañado de una estrategia en materia de prevención de violaciones a derechos humanos”, promoviendo, a su vez, “mecanismos para la garantía de derechos de las víctimas que se encuentran en el exterior”. Asimismo han denunciado situaciones de vulneración de derechos fundamentales frente a los desplazamientos internos, transfronterizos y/o transnacionales forzados, y, más grave aún, el asesinato de líderes, por lo cual las instituciónes que trabajan con personas en situación de movilidad humana reiteran “el deber de protección que Colombia como país debe brindar tanto a los nacionales como a las personas migrantes y refugiadas asentadas en el territorio”. Con base en los preceptos de protección integral a refugiados, migrantes, desplazados asentados en territorio, y bajo los principios de la paz y la cultura del encuentro y la acogida, estas organizaciones han formulado una serie de recomendaciones al Estado colombiano, a otros Estados, a la comunidad internacional y a la sociedad civil. Frente a los migrantes, apostar por ‘buenas prácticas’ “El Pacto Global de Migrantes y el Pacto Global de personas Refugiadas 2018 es una oportunidad para que Colombia, un país que busca la construcción de la paz, realice ajustes de política que garanticen los derechos de refugiados, migrantes y su política de reparación integral a víctimas en el exterior, de manera que esto pueda representar en un futuro cercano una ‘buena práctica’ para América Latina y el mundo, en materia de garantías de derechos de las personas refugiadas y migrantes”. En cuanto al Estado colombiano, las organizaciones exhortan a poner en marcha urgentemente las medidas identificadas en los diferentes instrumentos de política migratoria internacional y el sistema de refugio ratificados por el Estado (Protocolo sobre el estatuto de los refugiados, Convención para reducir los casos de apátrida, Declaración de Cartagena sobre refugiados, Convención sobre el Estatuto de los apátridas, entre otros). Salud para todos También es indispensable una “intervención en materia de salud para migrantes y comunidades de acogida, especialmente en fronteras”, toda vez que “la atención en salud debe ser universal para todos los colombianos y colombianas, así como extranjeros, independientemente de su situación administrativa migratoria”. En cuanto a otros Estados y a la comunidad internacional, además de exhortar a los que no hacen parte de los acuerdos internacionales de protección “a que se vinculen de manera activa”, piden construir “una misión de seguimiento desde el seno de las Naciones Unidas para asegurar el retorno bajo los principios internacionales, garantizando el respeto irrestricto al principio de no devolución, previniendo la cesación de la condición de refugio y alentando a que los Estados mantengan su compromiso en materia de integración local y soluciones estables y duraderas”. Luchar contra la xenofobia Finalmente a la sociedad civil se recomienda “conformar una delegación para alertar sobre la crisis humanitaria de migración forzada internacional de Colombia a los países de acogida”, como también ser garantes de derechos e integración de los migrantes, a través de procesos de formación y sensibilización en comunidades de acogida, a través campañas informativas masivas que “luchen contra la xenofobia y eliminación de todo tipo de estigmatización a personas migrantes y refugiadas, vinculando a los medios de comunicación privados y públicos para que desarrollen un papel de mediadores frente a la sociedad, emitiendo mensajes de solidaridad y cooperación”. Vida Nueva Digital