Al finalizar el siglo pasado, se pronosticó con insistencia que el XXI sería el siglo de las migraciones, la centuria de los migrantes. Falta mucho y cabe la esperanza de que lo sea para reinstalar, en el marco de una adecuada legislación internacional, el histórico derecho a emigrar e inmigrar.

La expectativa no se ha materializado. Llevamos 17 años de restricción, persecución y acoso a los migrantes indocumentados, a esa estirpe valiente de mujeres y hombres que por condiciones económicas, inseguridad o guerra se ven obligados a dejar sus hogares para emprender un camino plagado de adversidades.

En el Mediterráneo, según la Organización Internacional para las Migraciones, han muerto o desaparecido más de 33 mil 700 personas en su intento por llegar a Europa desde África y otras regiones.

En la frontera sur de Estados Unidos han fallecido, en lo que va del siglo, alrededor de diez mil migrantes mexicanos y centroamericanos, tragedia diaria que no hemos sido capaces siquiera de reducir, sobre todo por el culpable silencio de la indiferencia.

En septiembre de 2016, mediante la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, los 193 países miembros de la ONU reconocieron la necesidad de atender integralmente la movilidad humana, mediante mecanismos de protección a las poblaciones migrantes.

Con este propósito, en los primeros días de este mes se realizó, en Puerto Vallarta, la reunión preparatoria de la Conferencia Intergubermental para adoptar en 2018 el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Dos días antes del inicio de esta reunión, el presidente Donald Trump anunció  la salida de Estados Unidos del Pacto Mundial, lo que era previsible porque el primer mandatario de un país de migrantes, él mismo hijo de migrantes y rodeado de migrantes y de descendientes de migrantes en su círculo familiar, es el más emblemático de los antiinmigrantes.

Sobre esta línea xenófoba y racista estructuró su discurso como aspirante y como candidato, y con ella se obstina como presidente.

Ante tiroteos multihomicidas permanece impávido y parece alegrarse cuando quien perpetra una acción terrorista es un migrante.

Recientemente, luego de un fallido atentado al Metro de Nueva York y después de que se supo que el frustrado autor era un bangladesí con residencia legal, exigió terminar con el reagrupamiento familiar. “Entra demasiada gente peligrosa”, dijo

De acuerdo con El País, desde 1981 alrededor de 20 millones de personas han accedido a la residencia legal al amparo de la reagrupación familiar, y de ellos, agregó, el número de quienes han cometido un delito es ínfimo, pero a Trump cualquier hecho que nutra su discurso antiinmigrante le basta para afirmar que “la reagrupación familiar es incompatible con la seguridad nacional”.

El fallido atentado lo llevó a exigir terminar con la reagrupación familiar, expulsar a migrantes y aumentar el presupuesto para la vigilancia y detención de migrantes.

En menos de un año, Trump puso fin al programa dreamers, redujo la cifra de refugiados posibles de 110 mil a 45 mil al año y disminuyó de un millón y medio a medio millón el otorgamiento de green cards anuales.

Y se empeña, hasta ahora sin éxito, en la construcción de un muro en la frontera sur porque parece que nadie le ha dicho que el cruce de indocumentados por esa frontera ha disminuido en 50 por ciento y que actualmente son más los mexicanos que salen de Estados Unidos que los que entran.

Nada frena su discurso y sus iniciativas antiinmigrantes, motivado por una mezcla de racismo y de intereses reelectorales.

Un presidente tal no podía apoyar el Pacto Mundial para una migración segura y ordenada. Para Trump, el solo enunciado es repugnante.

Pese a las expectativas, hasta ahora el siglo de las migraciones sigue siendo el siglo de la persecución, marginación y odio hacia los migrantes. Si la realidad es obstinada, más debe serlo la lucha por su dignidad, su seguridad y sus derechos.

La Razon