El pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada que impulsa Naciones Unidas supone una importante herramienta para buscar una salida a una problemática que trasciende fronteras y servirá de presión a Estados Unidos por excluirse de sus negociaciones.

Es lo que dijo en una entrevista con Efe Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, país que junto con Suiza llevan adelante el proceso de negociaciones de este pacto no vinculante que se espera lograr en diciembre próximo durante una cumbre en Marruecos.

González opinó que "este pacto, si bien no es vinculante, va a establecer esos estándares de cooperación internacional entre las naciones, y será un acicate, una presión para los propios Estados Unidos de América", a cuyo Gobierno critica por excluirse de las negociaciones y "olvidarse de sus orígenes migrantes".

La elaboración del pacto fue acordada por jefes de Estado y de Gobierno de todo el orbe durante una reunión celebrada en Nueva York en septiembre de 2016.

El abogado mexicano dijo que Estados Unidos se olvida de que surgió de la migración, no reconoce sus beneficios y utiliza a través de sus autoridades "un discurso xenofóbico, racista y de odio que es contrario a los principios universales del respeto a la dignidad de las personas".

Recordó que si bien Estados Unidos se comprometió en 2016 con este acuerdo de corresponsabilidad para la migración, "llegó otro presidente (Donald Trump) y desconoció esto, como también está desconociendo acuerdos o leyes en temas ecológicos".

González, quien asistió esta semana en Panamá al XXII Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman sobre el Pacto Mundial sobre Migración, señaló que la ONU aclaró en 2016 que la migración "no es un tema que pueda resolverse con (la participación de) un solo Estado".

Destacó que acuerdos internacionales como el Pacto Global sobre Migración permiten que las naciones asuman una corresponsabilidad "en temas que hoy ya no solo corresponden solamente al interior de los Estados, sino que trascienden sus fronteras".

Son instrumentos que además se complementan con las competencias nacionales en la gestión humanitaria del movimiento migratorio, ya que los Estados "tienen que desarrollar políticas públicas sociales para evitar que sus nacionales migren por condiciones sociales, alimentarias o por violencia".

Pero si emigran "los Estados de tránsito, los receptores, tienen que ver el carácter humanitario, entendiendo que lo que está ahí, latente, son dolores, dolores de las personas que no quisieron emigrar, que no quisieron desarraigarse, pero que la necesidad los obliga".

Consideró que debido a eso "se tiene que entender, identificar, (defender) la humanidad, lo humanitario desde la perspectiva de la dignidad de la persona".

"Es lo que los Ombudsperson defendemos, la dignidad sobre todo de las personas migrantes que buscan un mejor espacio de vida y que están expuestos a laceraciones, vejaciones", expresó.

Igual sucede, agregó, con la diáspora de los venezolanos ante la cual los defensores de los Derechos Humanos deben generar un espacio de reflexión para entender el drama humanitario que atraviesan en su ruta a Colombia, Brasil, Panamá y México, país, recordó, que recibía cerca de 300 migrantes venezolanos, cantidad que en 2017 ascendió a 4.000.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), unos 133.000 venezolanos han solicitado refugio en otros países entre 2014 y 2017, y a ellos se agregan otros 363.000 que se han acogido a otras "alternativas legales" ofrecidas por países latinoamericanos.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México remarcó que los Estados deben entender que la migración es un factor que aporta "beneficios económicos y beneficios culturales".

Estudios de la ONU señalan que hasta un 85 por ciento de los ingresos de los migrantes permanecen en los países donde viven, y que también contribuyen con un 9 por ciento del Producto Interno Interior Bruto (PIB) mundial.

El Diario.es