La campaña y llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos de América, acompañada de amenazas y medidas antimigrantes, lograron que políticos, actores gubernamentales, empresarios, académicos y medios de comunicación de ambos lados de la frontera pusieran especial atención e interés en el tema migratorio. A pesar de que el fenómeno ha presentado complejidades y problemáticas de manera histórica, es hasta ahora, ante el particular tono xenófobo del inquilino de la Casa Blanca, que los retos relacionados con la migración logran entrar en la agenda pública con mayor relevancia.

Cada semana hay tres millones de personas en el mundo que migran hacia alguna ciudad. Existen 244 millones de inmigrantes que viven en un país distinto al que nacieron, lo que representa un incremento de 63% en las últimas dos décadas. La violencia, la pobreza y el cambio climático han desplazado a comunidades enteras y millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus países. La migración es una realidad internacional y un reto para los gobiernos nacionales que, de ser abordado correctamente, aporta importantes beneficios sociales.

En el ámbito internacional es necesario contar con una visión corresponsable entre los países de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, al tiempo que se reconocen las aportaciones de los migrantes al desarrollo económico y social, tanto en los países de destino como en los de origen. Asimismo, es fundamental generar alternativas para el manejo seguro y ordenado de los flujos migratorios y fortalecer las capacidades de los Estados en la atención integral de la migración en todas sus facetas.

Al ser México un país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes, los problemas y retos que enfrentamos son mayores y más complejos. Para atender de manera efectiva las situaciones que se derivan de los diversos flujos migratorios y poblaciones involucradas en ellos, nuestro país requiere respuestas integrales, incluyentes y con un enfoque de derechos humanos que establezcan claramente las obligaciones del Estado y que consideren la participación de la sociedad y el sector privado mexicano en ello. En 2016 alrededor de 12 millones de mexicanos vivían fuera de nuestro país; 98% de ellos en Estados Unidos. Los flujos migratorios más importantes de México hacia Estados Unidos se dan entre 1990 y 2007, periodo en el que casi siete y medio millones de personas migraron. Actualmente, la Ciudad de México (11%), seguida por Michoacán (10%), Guanajuato (10%) y Jalisco (6%) son los cinco estados que expulsan el mayor número de migrantes a la Unión Americana.

Como país de tránsito observamos que entre 2012 y 2016 el flujo de migración centroamericana a México se incrementó en 286%; más de 400 mil personas cruzan la frontera sur de nuestro país cada año, pero también muchos deciden solicitar refugio y quedarse. Tan sólo en últimos tres años 12 mil solicitudes de refugio han sido recibidas. Según datos de Naciones Unidas, como país de destino, México cuenta con un millón 193 mil extranjeros residiendo en su territorio, con incrementos importantes en los últimos tres años; 75% de ellos norteamericanos.

Considerando los retos y situación que se ha dado por el creciente retorno de connacionales a territorio nacional, sobre todo desde 2007 a la fecha, y derivado de cambios e iniciativas racistas en materia migratoria que Estados Unidos ha presentado en los últimos meses, el análisis del fenómeno del retorno y la elaboración de propuestas integrales para atenderlo son necesarias y urgentes.

La situación, vinculación e inserción de nuestros migrantes en Estados Unidos ha presentado retos importantes de manera histórica. Es necesario abordar los cambios en la política migratoria de las distintas administraciones para identificar las características y el tamaño del flujo migratorio de retorno que resulta de sus decisiones. Las siguientes líneas nos dan un panorama general de los principales cambios en los perfiles prioritarios para la deportación y algunos de los cambios y medidas actuales en materia de política migratoria en Estados Unidos. En la administración del presidente Bill Clinton alrededor de 870 mil personas fueron retornadas, mientras que durante el gobierno de George W. Bush poco más de 2.1 millones de personas fueron deportadas. Sin embargo, y como podemos observar en la figura 1, el mandatario que más deportaciones ha realizado en la historia es Obama. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, más de tres millones de personas fueron deportadas durante su administración.

El inminente regreso de nuestros connacionales ha puesto sobre la mesa retos complejos. En los últimos 10 años se ha dado un incremento de alrededor de 30% en las deportaciones, pasando de 186 mil 726 casos en 2006 a 219 mil 905 a finales de 2016.

En lo que va de la administración del presidente Trump las cifras de deportaciones se han reducido en 27%. De enero a mitad de septiembre de 2017, 109 mil 842 eventos de deportación se han dado, comparado con 151 mil 460 eventos sucedidos en el mismo periodo del año pasado bajo la administración de Obama. Sin embargo, el riesgo es latente. Las detenciones han crecido de manera considerable. Durante los primeros 100 días de la presidencia de Trump se realizaron 41 mil 318 arrestos por parte de agentes de ICE, lo que significa un incremento de 38% comparado con el mismo periodo de 2016. De estas detenciones, casi dos tercios tenían récord criminal, pero también existió un incremento de 150% en arrestos cometidos en contra de indocumentados sin récord criminal (de cuatro mil 100 a 10 mil 800 arrestos en el mismo periodo del año pasado). De igual forma, ha existido un incremento de 30.9% en órdenes de salida voluntaria con una totalidad de 57 mil 69, comparadas a las 43 mil 595 que se presentaron en el mismo periodo en 2016. Bajo la administración del presidente Obama las prioridades y categorías para la deportación eran diferentes, incluían a aquellos con antecedentes criminales graves o a todo aquel que consideraran un peligro para la seguridad del país, hoy todos son prioridad.

A ocho meses de la presidencia de Trump observamos diversas acciones ejecutivas y memorándums que afectan potencialmente a nuestra comunidad. La dinámica cotidiana de anuncios xenófobos tiene efectos abrumadores en la estabilidad, la tranquilidad emocional y la salud mental de los migrantes, lo que modifica sus actividades cotidianas, incluyendo a las personas más cercanas a su entorno, ante el temor de no contar con documentos en cualquier detención y la amenaza manifiesta de arresto y deportación. Asimismo, esta situación ha provocado una escalada de abusos de las autoridades en materia de derechos fundamentales en temas de racismo y cualquier otra forma de discriminación. Las amenazas y lenguaje de Trump han generado incertidumbre y temor. Su discurso legitima y anima el racismo y la violencia. Desde que asumió la presidencia los crímenes de odio han aumentado 20% y los grupos racistas en un 8%.

Nuevas características y perfiles existen entre las personas deportadas. El esquema de deportaciones se ha transformado de “en tránsito” a “en territorio”. Mientras que las deportaciones fronterizas encabezaban la lista de retorno en la administración anterior, con casi un 80% del total, actualmente las deportaciones de sitios alejados a la frontera dentro del territorio norteamericano han aumentado casi 40%. También algunos de los procedimientos y medidas tomadas recientemente por el gobierno de Trump preocupan y tienen un impacto directo en nuestra comunidad. La deportación expedita, que salta el debido proceso, al no permitir que la persona pueda defender su caso en una corte, es uno de ellos. A través de este mecanismo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) deporta a extranjeros indocumentados sin permitirles acceso a una audiencia o ningún tipo de defensa en contra de dicha medida. La participación de autoridades locales en la persecución de migrantes es un riesgo latente y aumenta la posibilidad de incrementar el número de deportaciones.

Está claro que la primera batalla para apoyar a nuestros migrantes se debe centrar en la defensa, asesoría y acompañamiento legal para buscar su permanencia en Estados Unidos. Ellos han construido una vida, un patrimonio y una familia por allá y no quieren regresar. Sin embargo, la realidad y números del retorno desde hace una década obliga a que las autoridades construyan una política de Estado integral, incluyente, transversal, sustentable, empática y diferenciada para la adecuada y efectiva reinserción de aquellos que regresan.

Actualmente existen algunos programas e iniciativas implementados por el gobierno mexicano en un esfuerzo por resolver las problemáticas derivadas desde hace ya una década del retorno migratorio. El más relevante es la iniciativa Somos Mexicanos, implementado por la Secretaría de Gobernación. Dicho programa prevé la recepción de los deportados en 11 puntos fronterizos y a través de tres vuelos semanales a la CDMX. Otorga a los retornados una constancia de repatriación, alimentos, servicios médicos, transporte a su lugar de origen y una guía con información básica sobre los diversos apoyos y las instancias que los proporcionan. Si bien es un buen esfuerzo, es insuficiente para el enorme reto que ha representado y representa la llegada de los que se fueron y no pensaban volver. Se requiere de una visión e implementación transversal, integral y diferenciada para lograr la readaptación eficaz. Transitar de una visión principalmente concentrada en la recepción hacia una que ponga el acento en la reinserción y readaptación sustentable de nuestros connacionales, es menester. Urge diferenciar entre los distintos perfiles y nivel de vulnerabilidad de los que regresan para lograr su reinserción efectiva, aprovechando sus habilidades y experiencia adquirida durante su estancia en Estados Unidos.

En lo relacionado al fundamento normativo que debe acompañar un modelo de retorno adecuado, el contenido estipulado en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México debe trasladarse a la práctica. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plasma la consagración de los derechos y garantías de los migrantes; todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos que ingresan, transitan, salen y retornan a territorio nacional, gozan de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y expuestas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Asimismo, la Ley de Migración, en su artículo 2, considera como principio básico de la política migratoria facilitar el retorno al país y la reinserción social tanto de los connacionales como de sus familias. Este marco legal debe contribuir a entender y atender al migrante en retorno como sujeto de derecho, dotándolo de protección complementaria al tomar en cuenta su condición de vulnerabilidad. De esta forma se reconoce que la ciudadanía es un derecho de todos los migrantes en retorno, sin importar su sexo, lugar de procedencia, edad, etnia, condición social ni preferencia sexual, siendo un deber del Estado velar por su protección y garantizar el respeto a sus derechos humanos. Este enfoque debe cuidar la equidad y el respeto a las diferencias, ser exigible y extensivo a la dimensión política y social.

El fenómeno de repatriación es muy complejo y tiene implicaciones en el desarrollo de la persona, en su historia de vida, familia y contexto. Es fundamental entender que la población en retorno no tiene condiciones homogéneas ni únicas. Diversas son las edades, las situaciones de vida, grado de vulnerabilidad y contexto de los que regresan. Resulta indispensable identificar y diferenciar claramente estos grupos de atención para determinar los factores de riesgo que tienen a nivel individual, ambiental, comunitario y social, así como su capacidad de respuesta ante las medidas que sean ofertadas. Un modelo adecuado debe primero entender los antecedentes y bagaje de la persona, diferenciar y responder a su escolaridad, estilos o déficit de aprendizaje, lazos familiares, idioma, estilo de vinculación, presencia de maltrato o negligencia, tiempo de permanencia en el extranjero, capacitación, certificación y experiencia laboral con la que cuentan, los dependientes económicos a su cargo y los vínculos emocionales y afectivos en ambos lados de la frontera. Las políticas propuestas deben incluir criterios y acciones distintas para la realidad de cada persona en el momento de su deportación.

El motivo y contexto en el que se da el regreso de una persona constituye también un factor a considerar para construir mejores modelos de atención, más cercanos y con mayor apego a las necesidades de la comunidad migrante en retorno. Por un lado, están todos aquellos que regresan obligados por una deportación y dentro de esta categoría también existen diversos caminos según sea el caso y entorno. En segundo lugar, tenemos a los que vuelven derivado de la deportación de algún familiar o cercano. Éstos, aunque no son deportados, se ven obligados a regresar por la unificación familiar en la mayoría de los casos. Finalmente, estan aquellos que regresan de manera voluntaria y planeada por distintos motivos.

El modelo para el retorno debe contar con un principio de necesidad, capaz de identificar factores de riesgo estáticos y dinámicos en el migrante en retorno. Los primeros predicen situaciones de vulnerabilidad y no están sujetos a cambio, por ejemplo, el proceso migratorio que vivió la persona o si presenta alguna discapacidad psicomotriz. Mientras que los segundos pueden modificarse con medidas específicas, reduciendo las posibilidades de marginación, pobreza y aumentando la integración social, siendo en éstos que encontramos la mayor oportunidad de intervención. Asimismo, con la finalidad de diferenciar y ordenar la información de los migrantes en retorno, el modelo debe integrar el principio capacidad de respuesta, éste señala la existencia de características cognitivo-conductuales y de personalidad de los migrantes en retorno que afectan la disposición del mismo a responder ante los distintos tipos y tiempos de atención. El diseño y puesta en marcha de las intervenciones deben considerar las fortalezas individuales, ajustando el tratamiento a factores que permitan facilitar la intervención.

Entender con detalle las características, entorno, problemas y perspectiva de los que han regresado y los que corren el riesgo de hacerlo es fundamental para integrarlos efectivamente. México debe considerar la experiencia de los últimos años, en específico de los más de tres millones de connacionales que se han visto obligados a regresar y a batallar con una gama amplia de problemas para incorporar una visión y acciones a la medida.

La figura 2 describe las características sociodemográficas que son particulares de la población en retorno por género, nivel de escolaridad e incluso por la propensión del migrante a quedarse en territorio nacional. Como observamos, el mayor flujo de la población en retorno lo componen jóvenes, hombres y personas que desean intentar reingresar a los Estados Unidos y que viven un ambiente de frustración al no lograrlo que también debe ser tomado en cuenta.

De igual manera es fundamental entender dentro de la diversidad planteada los posibles factores de riesgo y de vulnerabilidad que viven y que se agravan a su regreso. La figura 3 presenta distintos perfiles y el grado de dificultad que pueden llegar a tener según todo lo versado anteriormente.

Los testimonios y experiencia de los que han regresado muestran que la problemática relacionada con su regreso a México es holística. Es decir, los vacíos y falta de atención focalizada y oportuna empieza desde su detención en Estados Unidos, pasando por su llegada a territorio nacional, a su lugar de origen o a otro en el que decidan quedarse y los subsecuentes días, meses y años. Con la finalidad de entender parte de estos retos a continuación presentamos un resumen de la complejidad que en diversos puntos experimentan los migrantes y planteamos algunas propuestas que pueden contribuir para mejorar la experiencia.

Primero, es fundamental vigilar un regreso seguro de los connacionales. Algunos avances se han dado por parte de la Secretaría de Gobernación en la negociación de los horarios de llegada para evitar robos y desorden en el proceso de repatriación. Sin embargo, abusos de algunas autoridades y criminales se dan en torno a estas poblaciones. Por ello se requieren revisiones aleatorias de la autoridad y esquemas de acompañamiento por parte de la autoridad federal y estatal que faciliten el reingreso y el respeto de los derechos humanos en las diversas fases involucradas en el proceso de retorno.

En segundo lugar está la dimensión emocional. La deportación rompe con la vida, el patrimonio y la familia de una persona. El arresto, la detención durante meses, las condiciones a las que son sometidos, la incomunicación repentina con el resto de sus familiares, la incertidumbre y desinformación permanente hasta la repatriación, viajar encadenado en la silla hasta llegar al país de origen, son situaciones complejas que no pueden ignorarse. Estas pérdidas y experiencias pueden ser muy traumáticas para las personas que regresan; por ende, lo primero que necesitan al llegar es atención psicológica y contacto con sus familiares que están en Estados Unidos. Aunado a estas dificultades se enfrentan a problemas de discriminación y racismo. Para resolver esto es menester contar con grupos de apoyo y tutoría en temas de integración e identidad. Estas medidas deben ser acompañadas por campañas de concientización para la población de las comunidades de recepción, que haga énfasis en la valorización del migrante como parte de la diversidad cultural.

También es importante considerar que aquellos que retornan no necesariamente lo harán a sus lugares de origen, sino que buscan quedarse en lugares en los que encuentren una mayor posibilidad de integración económica y social. Las acciones que el Estado emprenda con los retornados no deben centrarse sólo en esfuerzos para apoyar al migrante a volver a su lugar de origen, sino al sitio en el que va a residir. Otro de los problemas a los que se enfrentan los retornados es la falta de un documento de identidad que les permita realizar trámites, ingresar a servicios públicos y gestionar necesidades básicas. La Constancia de Repatriación emitida por el Instituto Nacional Electoral no se acepta prácticamente en ninguna institución. Una medida necesaria es validar estos documentos para su aceptación generalizada, así como generar estrategias que faciliten la adquisición de su credencial de elector, aun sin tener una dirección fija.

Existen también necesidades culturales de las personas en retorno. Al haber pasado una larga temporada fuera de México sin poder regresar, especialmente aquellos que sus padres se los llevaron muy pequeños, conocen mejor el idioma, la cultura y la sociedad americana. Una política de reinserción cultural con estaregias que les permitan conocer las costumbres, las particularidades de la interacción social en México e incluso, en ocasiones, el idioma español, son necesarias.

En materia educativa uno de los retos más importantes, puesto de manifiesto desde hace una década, es la dificultad en los trámites necesarios para revalidar los estudios de quienes retornan. Hace algunos meses se realizaron cambios a la Ley de Educación para facilitar este proceso, así como validar los grados de estudio realizados en el extranjero. Sin embargo, aún hace falta mejorar la difusión y cercanía de esta oferta con los que retornan. También existen retos importantes en lograr su implementación en todo el territorio nacional y mejorar algunos detalles relacionados con el porcentaje de materias que deben ser similares a las que en instituciones de nuestro país se brindan. Las oportunidades de educación y oferta de becas es limitada y muchas veces no alcanza ni para atender a los que no se han ido. Por ello esquemas que reconozcan en qué grados se tienen y tendrán mayor necesidad niños y jóvenes que vuelvan es menester. Algunas ofertas de universidades como la UNAM y el Tecnológico de Monterrey y de asociaciones relacionadas con los temas educativos como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, se han dado en estos meses pero se deben ampliar. Diseñar mecanismos de conexión con juventudes binacionales en la Unión Americana es también necesario y puede ser de mucha utilidad para expander la influencia de nuestro país y cultura en Estados Unidos al tiempo de construir puentes y aliados de origen mexicano, bien informados y comprometidos con México.

En lo relacionado con los menores que regresan con sus padres deportados, diversos son los retos. Muchos de estos niños no cuentan con la nacionalidad mexicana, lo que dificulta su identidad e inserción educativa a su llegada. El acceso a servicios públicos, el acompañamiento terapéutico, los servicios de tutelaje del Estado y los esfuerzos consulares para reunificar las familias en caso de ser necesario es también fundamental. Otro de los grandes retos que vemos con estos pequeños es que no hablan español y al no existir protocolos adecuados para su reintegración educativa y social con el resto de los alumnos, es común que se presenten casos de bullying, tanto por hablar inglés como por la apariencia de sus padres, como la portación de tatuajes.

En el ámbito laboral y considerando la experiencia del regreso de los últimos años, observamos que son, sobre todo, sitios como los call centers lo que han aprovechado las habilidades bilingües de los connacionales. Aunque muchos quisieran trabajar en otros sectores, el estigma y la falta de documentos probatorios de su experiencia laboral han dificultado estas posiblidades. La expectativa de mejores sueldos también merma las opciones. Se requiere que otros sectores cuenten con mecanismos que les permitan conectar de manera sistematizada y eficaz con esta población. También se requiere la certificación de los conocimientos adquiridos durante su estancia en Estados Unidos para que los que regresan puedan contar con un mercado laboral más amplio y mejor remunerado.

En la última década alrededor de medio millón de jóvenes que crecieron en Estados Unidos han sido retornados a México. Con el endurecimientos de las políticas migratorias y la eliminación de DACA, un mayor número de estos jóvenes pudiera retornar. Seguramente los legisladores en Estados Unidos encontrarán la manera de asegurar la permanencia de estas juventudes por allá. Sin embargo, el retorno de esta comunidad podría traer beneficios a México, pero se requieren los mecanismos adecuados que aprovechen las características de su perfil y conviertan a México en una alternativa para ellos. Los estudios, visión y experiencia con la que cuentan pueden resultar en un área de oportunidad para sus comunidades de origen. Tan sólo como un ejemplo, los últimos datos señalan que casi 8% de los jóvenes DACA han iniciado su propio negocio, comparado con el 4% de la población estadounidense en general. El perfil de los jóvenes dreamers es muy relevante para su segmentación. Se trata de un subconjunto con habilidades y capacidades muy desarrolladas (como lo muestra la figura 4) que representan un cúmulo de conocimientos que puede ser aprovechado en su retorno; el 98% de ellos es bilingüe, más de 70% cuenta con estudios en alguna institución de educación superior y más de 90% con un empleo formal.

Es desaeble que las políticas diseñadas para el regreso consideren a grupos de retornados y organizaciones de la sociedad civil en actividades de acompañamiento y mentoría a través de un modelo de gestión de redes. Este enfoque permite generar capital social alrededor del migrante en retorno para promover procesos de desarrollo social, por medio del trabajo sistemático de colaboración y complementariedad entre los recursos locales en el ámbito territorial. Este modelo potencializa el trabajo conjunto a través de la colaboración estable y sistemática. Los migrantes en retorno se encuentran en situaciones de riesgo jurídico, social y económico, mismos que suelen agravarse en ausencia de vínculos entre el migrante y los recursos sociocomunitarios que faciliten su reinserción. El trabajo con dichas redes es una metodología que busca aminorar las distancias subjetivas entre los migrantes en retorno y las redes sociales en el país de origen, facilitando el acceso a las ofertas existentes de oportunidades de desarrollo.

A partir de las dimensiones propuestas se muestra a continuación un semáforo de prioridades de atención de acuerdo a los perfiles diferenciados (ver figura 5).

El regreso y reintegración de cualquier persona no es un asunto fácil. Por ello las políticas de reinserción deben ser siempre diseñadas desde una perspectiva holística. Entre mejor entendamos la situación y contexto diferencial de los que vuelven, más duraderas y adecuadas serán las opciones que se diseñen y oferten para ellos. Enseguida proponemos algunas categorías a considerar según la dificultad de la persona para reintegrarse social, económica y culturalmente una vez de regreso a nuestro país. Tenemos tres escenarios: reinserción accesible, media y de alta complejidad (ver figura 6). Es importante destacar que existen algunos retos transversales a los tres tipos mencionados, por ejemplo, el estigma y discriminación que sufren los que regresan al tener un apariencia distinta, hablar con un acento distinto y tener algunos comportamientos y cultura diferentes a la norma.

Como lo observamos en la figura 6, forman parte de la reinserción de complejidad accesible aquellos que estuvieron fuera del país por periodos más cortos o buena parte de su vida la han pasado en México. Son personas que cuentan con lazos importantes y cercanos en nuestro país. Poseen buen conocimiento y manejo del idioma, de las instituciones y entienden normas sociales y culturales. No han cometido delitos graves y por lo general tienen experiencia laboral relevante e incluso certificada. Algunos de ellos cuentan con ahorros e incluso se puede tratar de personas que planearon su regreso. Estas características permiten que la reinserción sea más sencilla y se pueda dar con mayor rapidez.

Por su parte la reinserción o readaptación de complejidad media considera a aquellos que cuentan con vínculos en México, aunque no precisamente con su familia nuclear. La complejidad es media porque conocen y se identifican con la cultura mexicana, aunque no necesariamente hayan vivido mucho tiempo en el país. Esta población presenta un reto lingüístico y cultural pues no dominan bien el idioma ni conocen a plenitud las costumbres de su país. Incluye a personas que regresan con familias de estatus migratorio mixto. Cometieron faltas administrativas o delitos menores; suelen tener estudios y un historial de empleo regular. La atención de este grupo debe buscar facilitar el registro de los hijos en México, certificar las habilidades desarrolladas en Estados Unidos, programas accesibles de enseñanza de español y de transición a la cultura mexicana.

El modelo de reinserción de alta complejidad está dirigido a aquellos que cometieron algún delito grave o que han vivido gran parte de su vida en Estados Unidos. Se incluye a los que ya no cuentan con lazos familiares o de cercanía relevantes de este lado. Pueden ser adultos mayores o veteranos de guerra que no son cercanos a la cultura y contexto mexicanos. Su nivel de estudios suele ser de medio a bajo. No hablan español o lo hacen de manera muy precaria. No cuentan con experiencia laboral relevante. Se incluye en este grupo a las poblaciones de riesgo: personas con adicciones, con antecedentes penales graves, con procesos traumáticos, etcétera. Este grupo en especial requiere acciones de prevención terciaria para evitar la reincidencia delictiva. En caso de no atender de manera adecuada y con acciones focalizadas, su llegada a nuestro país puede traer consecuencias negativas y contextos de riesgo complejos.

Los lineamientos de política migratoria impulsados por la nueva administración estadounidense corren el riesgo de contribuir en el aumento de las deportaciones que de por sí ya son bastante considerables desde hace una década. La ampliación del perfil involucrado en las detenciones en Estados Unidos dará como resultado que más juventudes binacionales, personas sin récord criminal, familias de estatus migratorio mixto y niños americanos, hijos de padres mexicanos, formen parte de las nuevas prioridades de deportación y retorno.

A pesar de los esfuerzos y acciones del gobierno mexicano aún estamos lejos de contar con una política de Estado en la materia, que sea integral, transversal y holística, al tiempo de considerar perfiles diferenciados de retorno para proponer medidas específicas de atención y aprovechar mejor las características y habilidades de los que regresan, transitan y se quedan en nuestro país. El modelo de reinserción social propuesto en estas páginas sugiere la adopción de una perspectiva multidisciplinaria que garantice la sustentabilidad y eficacia en su implementación, a través de la identificación de retos y áreas de oportunidad de cada uno de los perfiles de las personas en retorno.

En este artículo no profundizamos en la presencia y permanencia de poblaciones que tradicionalmente pasaban en tránsito por nuestro país. Sin embargo, es fundamental entender que la puesta en marcha de una política de Estado relacionada con el retorno de nuestros connacionales debe considerar también esta vertiente de reinserción. Hemos visto el aumento de poblaciones varadas en nuestra frontera norte y seguramente entre más se endurezcan las medidas de seguridad en Estados Unidos, más personas quedarán varadas en nuestro país en el intento de ingresar a ese país. Tan sólo en 2016 el Instituto Nacional de Migración calculó que existían alrededor de cuatro mil haitianos que se quedaron en Tijuana al no lograr cruzar la frontera como lo tenían previsto. Actualmente 25% de ellos regularizó su estancia en calidad de “visitantes por razones humanitarias”. Asimismo, en los últimos meses salvadoreños, hondureños y guatemaltecos también han quedado varados en diversas áreas de la frontera mexicana. Este tipo de asentamiento genera desorganización y algunos riesgos, incluso en los riesgos y dinámicas de seguridad en la franja fronteriza. Por ello además de las acciones de reinserción destinadas a los mexicanos que regresen México tiene que pensar y diseñar estrategias para atender estos fenómenos derivados de la migración de tránsito y de las nuevas reglas de seguridad fronteriza.

La tarea de reintegración de nuestros connacionales retornados y la puesta en marcha de acciones a favor de los migrantes en tránisto y estadía en nuestro país requiere, además de una visión de Estado, la participación activa de los diferentes niveles de gobierno, legisladores, de la sociedad y el sector privado. Debemos generar conciencia social de las historias de vida y esfuerzo de estas personas para disminuir y evitar la discriminación y racismo que sufren también en nuestro territorio. Dentro de las políticas que se diseñen y afinen para el retorno los migrantes deben ser vistos como un actor dual: como población de objetivo y como el actor principal dentro de ella. Por ello se les debe considerar en el acompañamiento de dichas políticas de manera cercana y entendiendo la compleja realidad relacionada con su situación.

Finalmente, la realidad y el grueso en el número de retornados a nuestro país en la última década obliga a repensar las acciones y modelo de atención que se debe tener con los que regresan. Como he explicado en este texto, la visión debe ser amplia e integral. Se debe atender de manera focalizada, cercana y empática. Políticas de avanzada considerarán la puesta en marcha de proyectos híbridos entre los que regresan y aquellos que nunca se han ido pero que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Buscarán potencializar el aprendizaje, capacidad y visión de los retornados para aprovechar las virtudes de la migración.

Por Eunice Rendón para Nexos