La primera vez que Donald Trump se dirigió formalmente a las dos cámaras del Congreso llevaba apenas tres semanas en el poder, por eso, el encuentro de ese entonces no tuvo el calibre ni la solemnidad de un discurso sobre el “estado de la Unión” en el que, tradicionalmente, el presidente defiende los logros y define las prioridades de su gobierno para los próximos doce meses.

El papel protagónico de la migración en la alocución presidencial estaba cantado: “Será un discurso importante. Cubriremos la inmigración. Por muchos años hemos hablado mucho al respecto, pero hemos hecho poco”, anticipó el presidente el lunes pasado, pocos días después de haber presentado una de sus propuestas claves sobre el tema.

El jueves 25, el presidente anunció que quería abrirles el camino a 1,8 millones de “soñadores” que podrán convertirse en ciudadanos en un plazo de 10 a 12 años. Actualmente, sólo 690.000 hacen parte de DACA, el programa de la administración Obama que les permite a los jóvenes indocumentados trabajar y estudiar, pero no contempla la posibilidad de convertirlos en ciudadanos. A cambio, Trump le pidió al Congreso US$25.000 millones.

La idea es que ese dinero financie el muro que prometió en el límite con México y sirva para fortalecer la vigilancia fronteriza. Trump también quiere usar esos fondos para poner en marcha programas que limiten la migración de grupos familiares y mejoren los mecanismos de deportación.

La propuesta no dejó indiferente a nadie: mientras los movimientos sociales a favor de los inmigrantes la calificaron de cruel, pues podría provocar la separación de familias, y entre los conservadores la iniciativa se interpretó como una forma de premiar a 1,8 millones de personas que violaron las leyes migratorias, allí no termina el carácter espinoso del asunto migratorio.

Entre el 20 y el 22 de enero, las dependencias del gobierno estadounidense dejaron de recibir recursos. En el Congreso, los demócratas se negaron a aprobar un nuevo presupuesto para 2018, y luego de tres días de negociación y apagón burocrático se aprobó un presupuesto provisional hasta el 8 de febrero. La promesa republicana de discutir sobre el tema migratorio le había dado un nuevo respiro financiero al Gobierno, pero si la propuesta de Trump no deja conformes a los republicanos, otro apagón podría estar en camino.

A pesar de la presión política, Trump lleva un año mostrando resultados en su carrera por reducir la migración. Un ejemplo claro fue su veto migratorio, que, a pesar de haber sido frenado por varias cortes federales, antes de ser aprobado por la Corte Suprema, se sumó a la retórica que redujo los cruces ilegales por la frontera en 70 %.

También están las cifras de la oficina de Migración y Aduanas (ICE), que en 2017 incrementaron en 52 % el número de detenciones a personas indocumentadas y que, según el portavoz de la entidad, Néstor Yglesias, sólo en Miami logró aumentar la cifra de deportaciones un 27 %.

Además, Trump redujo el cupo de refugiados para 2018 a 45.000, la cifra más baja desde 1986, y echó para atrás los programas especiales que beneficiaban a los migrantes procedente de países como Haití y El Salvador. Todo esto con la oposición de los demócratas y con un Partido Republicano dividido, lo que hace pensar que, contra viento y marea, Trump seguirá mostrando resultados en la reducción de migrantes.

El Espectador