Durante el último tiempo, en el contexto de un aumento en la tasa de migración, se ha venido lentamente instalando el tema de la migración en la agenda pública, con los medios de comunicación y también algunos sectores políticos oportunistas cumpliendo un rol cuestionable. Esto ha generado un escenario complejo, en que parecen abrirse de forma incipiente procesos en los que aún estamos a tiempo de intervenir para reorientar su curso.

El aumento de la población migrante es una contribución a la riqueza y diversidad cultural de nuestro país. A la hora de discutir sobre migración, es importante contrastar el tono alarmista que muchos adoptan con la realidad material. Chile no es uno de los países del continente americano con las mayores tasas de migración, al contrario, según datos de Naciones Unidas (2015), con 2.9% se encontraría bajo el promedio de la región (6.3%) en cuanto al porcentaje de migrantes respecto del total de personas en edad laboral. La tasa de migrantes en Chile también palidece aún más al compararla con los porcentajes que es posible apreciar en países desarrollados con los que nos gusta compararnos, pero esto no ha impedido que se haya vuelto uno de los temas frecuentes de discusión política.

De todas formas, más allá de los números, la migración latinoamericana llegó a Chile para quedarse, aún cuando desde 1975 brindamos una restrictiva recepción al país en términos legislativos, donde por ejemplo en el artículo 15 de la Ley de Extranjería se prohíbe la entrada al país a aquellos que “fomenten doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores…” entre otras cuestiones que dejan bastante espacio a la arbitrariedad. Esto no ha sido ni será un impedimento para el desarrollo de este fenómeno de carácter mundial que experimentan con mayor fuerza los países más ricos de la región.

El centro de la posición en favor del derecho a la migración en cuanto derecho social, se sustenta en cuestiones de principios, sean estos éticos, morales o políticos y de derechos humanos básicos. Aunque debiese ser de perogrullo, la máxima detrás de la defensa de la libertad de movimiento es que ningún ser humano es ilegal. La migración es un proceso consustancial a la humanidad a lo largo de los siglos, ha tenido un rol importante en el desarrollo histórico de diversas civilizaciones y es un proceso que lejos de estar en retirada probablemente seguirá creciendo en lo que queda de Siglo XXI, por ejemplo, debido a las diversas consecuencias que tendrá el Cambio Climático sobre muchas regiones del mundo.

Más que pensar en la migración como un tema sobre el cual mantenernos expectantes, es necesario trabajar activamente por una efectiva integración de la población migrante a partir tanto de políticas públicas que garanticen la igualdad de derechos e integración efectiva, como también a través de nuestra acción cotidiana en nuestros trabajos y espacios de inserción social, en miras a la construcción de un Chile plurinacional que valore la contribución histórica de los pueblos indígenas del continente y la población afro-descendiente.

No obstante, es importante también aclarar que las argucias en contra de la migración con excusas económicas tampoco tienen sustento alguno; existe contundente evidencia a nivel internacional de que los migrantes - incluso los con menor nivel educacional - realizan una contribución neta positiva a la economía de los países de destino. En particular en los países experimentando el envejecimiento de su población y con mayores niveles de escolarización de sus habitantes, es frecuente que las personas en edad laboral no sean suficientes para copar todos los potenciales puestos de trabajo que la economía puede ofrecer, cuestión que ha sido comprendida por muchas naciones y traducida en sus políticas públicas relacionadas a migración. Por último, la hipócrita posición que se viste como una supuesta defensa de los intereses de la clase trabajadora merece aún menos consideración: la persistencia de malas condiciones laborales para los migrantes - como la ausencia de empleos formales con las protecciones de derechos del trabajo respectivos - solo daña los intereses de trabajadores. Si existiera una intención genuina de favorecer los intereses de los sectores de trabajadores más precarizados, se pondrían esfuerzos más decididos en, por ejemplo, aumentar sustancialmente el sueldo mínimo, al mismo tiempo que se reduce la proporción de empleos precarios en el total de los puestos de trabajo, cuestiones que sí está demostrado mejoran las condiciones de vida de la clase trabajadora.

El discurso fascistoide a nivel mundial ha tenido una clara vinculación con la más reciente crisis de legitimidad del sistema neoliberal en que las condiciones de vida, los servicios públicos y la desigualdad han empeorado. La respuesta ha sido utilizar – como tantas veces en la historia – a los migrantes como chivo expiatorio, tanto en EEUU como en Europa, en que también se intenta culpar a los sectores de las clases populares que se ven forzados por el desempleo u otros problemas a depender de los decrecientes beneficios del Estado de Bienestar, fracturado por las políticas de “austeridad” que han proliferado después de la crisis económica del 2008.

Recientes sucesos como el Brexit o la elección de Trump, con fuertes discursos chovinistas y racistas subyaciendo, y en cuya postrimería los crímenes de odio hacia migrantes y minorías étnicas se han disparado, han sido coletazos del mismo proceso. En Chile hemos presenciado diversas señales que alertan sobre la reproducción de este fenómeno, que ha sido alentado por prominentes figuras políticas que han hecho gala de este oportunista discurso anti-migrante. Desde el discurso chovinista que asomaba en Ossandón y Piñera, los cuestionables dichos de Guillier, pasando por las recurrentes y no pocas veces cuestionables preguntas sobre migración en los debates presidenciales, hasta el bochornoso espectáculo de Fulvio Rossi durante su campaña parlamentaria. Respecto de Guillier, llama la atención el apoyo recibido recientemente de parte de la Alcaldesa Karen Rojo de Antofagasta, simpatizante de Chile Vamos con quien han convergido en el pasado en condenables declaraciones sobre la población migrante, cercanía político-programática que podría ser parte de la explicación del asunto.

La instalación del debate sobre la migración en la agenda no es una cuestión mala en sí misma, al contrario, es una oportunidad que debemos saber aprovechar inteligentemente para el bienestar de tod@s, tanto de la población migrante, como con el objetivo de construir una mejor sociedad. Sin embargo, queda la sensación de que la respuesta de la izquierda ha sido débil a la hora de 1) condenar el discurso chovinista, racista y anti-migrante expuesto por diversos representantes del mundo político y 2) ofrecer una mirada diferente acerca de la migración y en general sobre la construcción de un país que abrace su carácter plurinacional y su diversidad cultural. A pesar de que hoy existen otros temas que la izquierda y en particular el Frente Amplio han priorizado, urge que comencemos esfuerzos para estar a la altura en este debate, para evitar abrir paso a un entramado de ideas conservadoras y racistas que no sólo empeorarán las condiciones de migrantes sino que impedirán llevar adelante el conjunto de la agenda de transformaciones que implica superar el Chile neoliberal y dar pasos significativos hacia una nueva sociedad.

Creemos que es hora de tomar medidas radicales. Pero no las medidas radicales que el racismo, el oportunismo y la demagogia pretenden instalar. Se trata de dar un salto cualitativo importante en la política que tiene nuestro país en relación a la población migrante, y esto no tiene que ver exclusivamente con una nueva ley migratoria ni instalar lo contenido en el “Programa de Muchos” desde la nueva bancada parlamentaria, sino convertirlo en un aspecto transversal a las políticas públicas, en los distintos niveles institucionales, e impulsarlo desde los movimientos sociales.

Los sectores de izquierda - y en particular como Frente Amplio - tenemos a la vez una oportunidad y una responsabilidad; no podemos ni desoír la experiencia histórica del alza del fascismo a mediados del siglo XX, ni sentirnos ajenos a los recientes sucesos en otras regiones del mundo, pues en Chile, se viven situaciones de discriminación y racismo cotidiano que nada tienen que envidiar a lo visto en países más desarrollados con conocidas tensiones en la materia, basta hacer un recuento de l@s migrantes que han muerto cruzando la frontera o quienes han salido heridos (física y psicológicamente) por ataques xenófobos tanto personales como institucionales.

Tristemente, hay numerosos casos altamente difundidos en el último año que dan cuenta de aquello y si no nos anticipamos a los acontecimientos, defendiendo con claridad una mirada distinta sobre la migración tendremos que ser testigos del alza de una ultraderecha promoviendo el racismo y la discriminación, que podría lograr hacerse de un espacio en el inestable escenario político que se abrió tras el fin del bipartidismo que parece asomar después de las últimas elecciones presidenciales.

Ahora, la forma de asumir esta responsabilidad, claro está, no es adoptando una actitud paternalista sobre el/la migrante y pretendiendo que no tienen una voz y capacidad de agencia propias, tampoco a través de un aprovechamiento electoral de la “inclusión”, sino que es favoreciendo el posicionamiento de los migrantes como un actor con legítimas demandas sociales y su vinculación con el resto de los sectores sociales, acompañando y luchando en conjunto por las demandas que consideren prioritarias. En definitiva, más que pensar en la migración como un tema sobre el cual mantenernos expectantes, es necesario trabajar activamente por una efectiva integración de la población migrante a partir tanto de políticas públicas que garanticen la igualdad de derechos e integración efectiva, como también a través de nuestra acción cotidiana en nuestros trabajos y espacios de inserción social, en miras a la construcción de un Chile plurinacional que valore la contribución histórica de los pueblos indígenas del continente y la población afro-descendiente.

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